Publicación sobre pesca industrial y medio ambiente

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió la Sentencia N.º 19816-2024, un fallo de gran relevancia que desestima la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Esta decisión ratifica la legitimidad de prohibir la pesca industrial dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), reafirmando la potestad del Estado para priorizar la conservación de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades locales.

Nuestro socio, Helmut Olivera Torres, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur, analiza a profundidad los alcances y omisiones de esta sentencia en la edición 971 del suplemento Jurídica del diario oficial El Peruano.

Los pilares del fallo y el análisis jurídico

La controversia central giró en torno a la interpretación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (LANP). Mientras que el gremio pesquero sostenía que la ley permitía la actividad industrial en estas zonas, la Corte determinó que:

• El aprovechamiento de recursos en las ANP otorga prioridad al desarrollo pesquero de las comunidades locales, lo cual no implica de ninguna manera la permisión de la pesca a gran escala.
• Los beneficios de las reservas nacionales están reservados a las poblaciones locales y no a las flotas industriales.
• Las zonas de «aprovechamiento directo» deben orientarse al sustento local y no son de carácter obligatorio para todas las áreas.

Desafíos para la justicia ambiental

A pesar de validar la restricción, el análisis del Dr. Olivera advierte que la sentencia no profundizó en los límites de la discrecionalidad estatal, como el principio de razonabilidad. Asimismo, destaca un punto crítico: la negativa de la Corte a incorporar como terceros a organizaciones especializadas como la SPDA, Idlads y Oceana.

Esta limitación a la participación ciudadana en procesos de relevancia ambiental representa un reto para la justicia ambiental en el país. Ante este escenario, la Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) de la Universidad Científica del Sur ya se encuentra desarrollando un proyecto normativo para fortalecer la intervención de la sociedad civil en estas controversias.

Invitamos a nuestros clientes, colegas y a la comunidad jurídica a leer el artículo completo para comprender las implicancias de este precedente en la seguridad jurídica y la protección del patrimonio natural del Perú.