A propósito de una entrevista brindada a Radio Nacional el miércoles 1 de setiembre de 2025, resulta pertinente exponer brevemente cuál es, a mi juicio, el estado de la minería ilegal y su impacto sobre el medio ambiente.

La minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a determinadas localidades del territorio nacional: se ha convertido en una de las expresiones más graves del crimen organizado en el Perú, con capacidad de destruir ecosistemas, contaminar cadenas alimenticias y neutralizar la respuesta institucional del Estado.

Existe una narrativa instalada —cómoda, pero jurídicamente inexacta— que presenta a la minería ilegal como una actividad de subsistencia ejercida por personas que no tienen otra alternativa. Si bien esa narrativa pudo tener sentido a inicios de los años noventa y dos mil, en la actualidad resulta insostenible: en determinadas zonas del país nos encontramos ante estructuras criminales organizadas, con amplios recursos, capacidad de ejercer violencia extrema —que extorsionan y ultiman a personas— y de penetrar instituciones del Estado.

Las cifras disponibles permiten dimensionar el daño. Hablamos de más de 130,000 hectáreas de bosques amazónicos depredados; cuencas hídricas que abastecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad, contaminadas con metales pesados por el uso de mercurio en los procesos de beneficio; y millones de peruanos que vienen consumiendo alimentos contaminados por esta actividad, con el consiguiente daño a su salud.

En el debate académico y jurídico internacional, esta clase de destrucción sistemática de ecosistemas a gran escala ha comenzado a abordarse bajo el concepto de ecocidio, lo que permite analizar los daños de la minería ilegal desde una nueva perspectiva: la de un crimen que amerita ser sancionado con severidad.

El REINFO no formaliza: genera impunidad. Esa es la conclusión que se impone tras años de vigencia y sucesivas prórrogas.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no funciona: ha alcanzado apenas poco más del 2% de formalización efectiva sobre el universo de operadores inscritos. La flexibilidad ambiental que lo sostiene no se justifica, y se agrava con la exención normativa que impide al Ministerio Público y a la Policía Nacional investigar o denunciar el delito de minería ilegal. Desde la Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) de la Universidad Científica del Sur, junto con el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Andrés Dulanto, y los miembros de la Clínica, venimos realizando investigaciones y remitiendo los resultados a las instituciones correspondientes para advertir sobre los graves problemas de esta actividad en supuestas vías de formalización.

Las reformas que el país necesita son identificables. El REINFO debe caducar definitivamente en diciembre de 2026, sin que exista argumento técnico-jurídico alguno que justifique una prórroga adicional. A ello debe sumarse la aprobación de un marco ordinario y exigente —en la línea de una Ley MAPE— que incorpore mecanismos reales de supervisión, fiscalización ambiental y sanciones proporcionales a la gravedad del daño, especialmente frente al uso de mercurio.

A ello se suma la trazabilidad financiera interinstitucional: la interoperabilidad en tiempo real entre la SUNAT, la SBS, la Policía Nacional y el Ministerio Público es condición necesaria para impedir que la minería ilegal financie estructuras criminales y, eventualmente, procesos electorales.

En paralelo, la propuesta de que el Banco de la Nación compre de forma exclusiva el oro de la pequeña minería no formaliza: legitima. Dotar de un comprador estatal garantizado a una actividad que opera al margen de la ley constituiría un incentivo perverso que consolidaría la informalidad bajo el paraguas de una operación comercial con el Estado.

El nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de adoptar un marco proporcional a la magnitud del problema. Desde la práctica de la litigación ambiental y la generación de evidencia técnica y jurídica, seguiremos contribuyendo a ese debate. La entrevista completa concedida a Radio Nacional puede verse aquí.